Es un mecanismo legal que permite a particulares y autónomos en situación de insolvencia cancelar hasta el 100% de sus deudas y empezar de cero. Regulada en la Ley 25/2015 y reformada en 2022, ofrece una salida legal al sobreendeudamiento.

Personas físicas (particulares y autónomos) en situación de insolvencia, que sean deudores de buena fe, tengan deudas con al menos 2 acreedores diferentes, y no hayan sido condenadas por delitos socioeconómicos en los últimos 10 años.

Significa haber actuado honestamente: no haber rechazado ofertas de empleo adecuadas, intentar un acuerdo extrajudicial previo, no haber agravado intencionalmente la insolvencia, no haber sido condenado por delitos económicos, y no haberse acogido a la ley en los últimos 5 años.

Tras la reforma de 2022, el procedimiento no puede superar los 18 meses. En casos sencillos sin patrimonio puede resolverse en 4-6 meses. Con bienes a liquidar puede tardar 8-12 meses. Depende del juzgado y la complejidad del caso.

El coste varía según las deudas: 2.500€ para deudas hasta 20.000€, 3.000€ hasta 500.000€, y 4.000€ hasta 1.000.000€. Se puede fraccionar el pago durante la tramitación con cuotas mínimas de 150€.

Se pueden cancelar: préstamos bancarios, tarjetas de crédito (incluidas revolving), microcréditos, deudas con proveedores, avales personales, deudas con particulares. Hasta 10.000€ con Hacienda y 10.000€ con Seguridad Social (reforma 2022).

NO se cancelan: deudas hipotecarias (excepto si se entrega la vivienda), deudas con garantía real, pensiones alimenticias, responsabilidad civil por daños personales, multas y sanciones, deudas con Hacienda y Seguridad Social superiores a 10.000€ cada una.

Documentos básicos: DNI, declaraciones de renta últimos 4 años, nóminas o ingresos, certificado de empadronamiento, contratos de todas las deudas, extractos bancarios, escrituras de bienes, certificado de antecedentes penales, vida laboral de la Seguridad Social.